En la provincia de Córdoba se llevó adelante un hecho de trascendencia institucional para el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes del país
El Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina, un espacio gratuito que no implica ningún tipo de costo o erogación presupuestaria, reafirmando el compromiso de las instituciones con una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.
En la oportunidad se acordó la designación de nuevas autoridades donde fue electa como presidenta del Consejo, Alejandra Martínez, defensora de la provincia de Jujuy. Mientras que como vicepresidenta fue designada la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones, Lic. Rossana Franco, junto a la representante de la provincia de La Pampa, Dra. Sofía Pérez Dupont. De este modo, la provincia de Misiones, junto a Jujuy y La Pampa asumen un rol protagónico en la conducción de este nuevo espacio federal, consolidando un liderazgo institucional en materia de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Vale resaltar que el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina surge como una instancia de coordinación, cooperación federal e intercambio de buenas prácticas, orientada a fortalecer la promoción, protección y restitución de derechos en todo el territorio nacional, en el marco de la Ley Nacional Nº26.061 y los estándares internacionales establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Consejo Federal se constituye expresamente como un ámbito ad honorem, lo que implica que su funcionamiento no genera costos para el Estado, sino que se sostiene en la voluntad institucional de cooperación entre jurisdicciones. Su finalidad central es fortalecer la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país; garantizar la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, promover la cooperación federal y la construcción de estándares comunes de intervención, reafirmar la independencia funcional de las Defensorías como órganos de control y monitoreo, e impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos que los involucran.
